Roberto Pérez Betancourt
Concluyó el lunes último la primera fase del proceso iniciado el 17 de diciembre de 2014, cuando los presidentes de Estados Unidos y Cuba anunciaron, respectivamente, la disposición recíproca de trabajar para reanudar relaciones diplomáticas y abrir sendas embajadas en Washington y en La Habana.
El hecho fue consumado y puso fin a más de cinco décadas de intermediación extranjera en los asuntos entre ambas naciones.
El mundo aplaude que a partir de ahora comience un nuevo camino hacia la normalización de las relaciones cubano-estadounidense.
Pero esto no significa el clásico ”borrón y cuenta nueva”, porque todavía quedan problemas cruciales sin resolver, viejos asuntos que requieren, además de la voluntad del ejecutivo norteño, la concertación del Parlamento de ese país para terminar de una vez el brutal bloqueo económico, comercial y financiero que en 56 años ha causado, y sigue causando, graves daños a las familias cubanas.
La nueva etapa, con embajadas y relaciones, como expresó el Presidente Raúl Castro en la clausura de la última sesión plenaria del Parlamento cubano, cito: “…requerirá voluntad para encontrar soluciones a los problemas que se han acumulado por más de cinco décadas y afectan los vínculos entre nuestros países y pueblos… se trata de fundar un nuevo tipo de lazos entre ambos Estados, distintos a los de toda nuestra historia común.” Fin de la cita.
Y es lógico, porque, ¿a quién se le ocurre que un país pueda sostener relaciones normales con otro que le impide comerciar y establecer vínculos económicos con las entidades de esa misma nación, e incluso con el resto del mundo?
Si bien el, presidente Obama no puede levantar el bloqueo sin la autorización de su Congreso, si está entre sus facultades ejecutivas suprimir aspectos de esa política hostil y abrir espacios mutuamente ventajosos en los ámbitos económicos y comerciales entre ambas naciones.
Otros temas pendientes incluyen la devolución del territorio que ilegalmente Estados Unidos ocupa en la base naval de Guantánamo, el cese de las ilegales transmisiones de radio y televisión contra Cuba, la supresión de los programas financiados por Estados Unidos para desestabilizar internamente a nuestro país, y la compensación justa por los daños y perjuicios humanos y económicos padecidos como consecuencia de la sostenida hostilidad de las administraciones estadounidenses.
Lo dicho: la nueva etapa que se inicia no conlleva el clásico borrón y cuenta nueva. (TVY) (21 /07/15)
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